Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 7 de noviembre del 2026.- Un nuevo escándalo sacude la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la revelación de grabaciones y documentos que exhiben una presunta red de sobornos y adjudicaciones irregulares en servicios de comedores, operada a través del círculo cercano de la consejera presidenta, Guadalupe Tadey.
De acuerdo con la investigación periodística presentada en el programa conducido por Carlos Loret de Mola, el contratista favorito de la gestión actual, José Alfredo Hernández Casillas, detalla en conversaciones en video la entrega de «moches» equivalentes al 15% —o porcentajes superiores— derivados de contratos millonarios, como el asignado a la empresa Producto Serel (filial de Corporativo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas) por un monto superior a los 112 millones de pesos para la operación de comedores institucionales en la Ciudad de México y Pachuca.
Las revelaciones apuntan a que las negociaciones incluían pagos mensuales irregulares y asignaciones directas a proveedores con antecedentes polémicos en el suministro de alimentos a sobreprecio. Ante estas irregularidades, el contralor general del INE, Víctor Hugo Carvente, formalizó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios, exfuncionarios y empresas involucradas, por delitos que tipifican el uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias, cohecho y falsificación de documentos.
Frente a la crisis, la respuesta gubernamental no se hizo esperar. La administración federal y gobernadores de Morena desplegaron una postura unificada para deslindar al movimiento político de los señalamientos de corrupción. Desde Palacio Nacional, se argumentó que los vicios administrativos y las redes de proveedores tienen raíces que se extienden hasta cuatro décadas atrás, señalando indirectamente a gestiones pasadas y a figuras como el exconsejero presidente Lorenzo Córdova.
Por su parte, la oposición legislativa y exintegrantes del árbitro electoral calificaron la estrategia oficial como un intento de control y distracción para evadir responsabilidades políticas. José Woldenberg advirtió sobre el peligro de socavar la legitimidad y autonomía de los pilares electorales del país mediante descalificaciones sistemáticas que buscan reescribir el pasado institucional.
La agenda político-social de la semana también estuvo marcada por otros hechos de alta relevancia en el país:
-
Crisis de seguridad en Sinaloa: El estado registró su mes más violento del año en octubre con 191 asesinatos —incluyendo 22 feminicidios— a pesar de la presencia y despliegue de más de 20,000 elementos de fuerzas federales en la región.
-
Confrontación en el Congreso: La comparecencia del gabinete de salud en la Cámara de Diputados derivó en jaloneos, gritos y el abandono de la oposición tras señalamientos de un formato «a modo» y cuestionamientos severos por el persistente desabasto de medicamentos en los hospitales públicos.
-
Paro en el Poder Judicial: Trabajadores de bases y tribunales federales iniciaron un paro indefinido de labores en más de 20 estados en rechazo a los procesos de evaluación de desempeño implementados por el nuevo órgano de administración judicial, exigiendo respeto a sus años de antigüedad.
En el plano internacional, el noticiero destacó la destitución exprés del presidente de Paraguay, Santiago Peña, por parte del Senado tras un juicio político, la inusual oleada de amenazas de bomba falsas catalogadas como ataques híbridos contra la aviación comercial en Europa, y el arresto en Estados Unidos de Thomas Markle bajo cargos federales de posesión de material ilícito.
Con información de Latinus-.
