Maru Campos arremete contra la SCJN y Morena tras anulación de la «Ley Agandalle»

Por: Sandra Dueñes Monárrez. 

Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre del 2026.-  La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje institucional en el que acusó directamente al partido Morena y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desproteger los procesos electorales frente al crimen organizado, esto luego de que el máximo tribunal invalidara la reforma estatal que permitía anular comicios por intromisión de la delincuencia organizada.

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que la resolución de la Corte deja sin herramientas legales a la entidad para invalidar comicios donde se compruebe el uso de recursos ilícitos o la coacción violenta. Campos Galván responsabilizó al partido oficialista de haber impugnado la norma y sugirió que dicha acción busca beneficiar a sus candidaturas, elevando así el tono de la confrontación política local de cara a los próximos procesos electorales.

 La titular del Ejecutivo estatal afirmó que la oposición a la ley en el Congreso local y su posterior impugnación ante la SCJN por parte de Morena responden a un interés por «financiarse con dinero ilícito». Estas declaraciones se dan en un formato de mensaje público sin presentación de denuncias penales adicionales en ese momento.

 Campos Galván cuestionó el criterio de la Suprema Corte, a la que acusó de actuar bajo consigna político-partidista. Sin embargo, destacó de manera particular el voto de la ministra Yasmín Esquivel, quien votó en favor de mantener la legislación chihuahuense.

 Pese a declarar que acatará el fallo judicial, la gobernadora anunció que el Congreso del Estado impulsará una nueva iniciativa en las horas subsecuentes para intentar restablecer los mecanismos de blindaje electoral por vías jurídicas alternativas que la propia sentencia permita.

El pronunciamiento de la gobernadora refleja la creciente polarización entre el gobierno estatal panista y la administración federal. Desde una perspectiva técnica y jurídica, los fallos de la SCJN sobre legislación electoral suelen sustentarse en el reparto de competencias federales y locales establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la regulación en materia de delincuencia organizada y las causales generales de nulidad de comicios son facultades concurrentes o exclusivas de la Federación.