Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 10 de marzo del 2026.- Una red de presunta corrupción y simulación de servicios ha quedado al descubierto tras el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ocho municipios del estado de Chihuahua otorgaron contratos por más de 250 millones de pesos para construir y equipar albergues destinados a niños y niñas migrantes; sin embargo, la realidad es devastadora: los refugios no operan, están inconclusos o, en el peor de los casos, simplemente no existen.
La investigación de la ASF pone bajo la lupa a Jorge Armando Morales Cano, representante de la empresa «Comercializadora J.A.M.C.». A pesar de estar suspendida por el SAT por presuntas operaciones simuladas, esta compañía —especializada originalmente en material eléctrico e iluminación— recibió contratos millonarios para servicios de asistencia social.
El informe detalla un desaseo administrativo que incluye desde la falta de planos hasta el cobro de cheques a nombre de funcionarios municipales.
- Buenaventura (Rogelio Pacheco Flores, PAN-PRI): Se demandan 7 MDP. El municipio no pudo ni siquiera indicar la ubicación exacta de las obras pagadas. Además, el tesorero retiró 8.4 MDP en cheques los últimos dos días del año, sin dejar rastro de los supuestos pagos a nómina.
- Camargo (Jorge Aldana, PAN-PRI-PRD): Se observaron 2 MDP por un albergue que, a la fecha, es un elefante blanco que no da servicio.
- Rosales y Gómez Farías: Encabezan la lista con las mayores observaciones, superando los 32 MDP cada uno. En Rosales, se detectaron facturas canceladas y equipo de cocina (estufas y freidoras) que «desaparecieron» del inventario.
- Casas Grandes (Roberto Lucero, PRI): Aquí la simulación fue física. De 56 puertas pagadas, solo hay 29; de los metros de cerámica facturados, falta casi la mitad. ¡Se robaron hasta la pintura de tráfico!
El patrón se repite en Janos, Satevó y San Francisco de Conchos: compras duplicadas de equipo, mobiliario que no cumple con las especificaciones y una total ausencia de testigos fotográficos que avalen el gasto. En total, la ASF presume un daño patrimonial masivo al erario federal, señalando que estos recursos, provenientes del programa E040 (Servicios de Asistencia Social Integral), terminaron en cualquier lugar menos en la atención a la infancia migrante.
Con información de EME Equis